El 1 de diciembre de 2017 se
firmó la resolución N° 1657 con el objetivo de concretar un claro avance del
gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la educación de jóvenes y
adultos. El documento detalla que los BAO (Bachilleratos de Adultos Orientados)
y los BAOT (Bachilleratos de Adultos con Orientación Técnica), dependientes de
la Dirección de Educación Secundaria dejarían de funcionar como tales a partir
del 1° de enero de 2018 y pasarán a denominarse “Bachilleratos Juveniles”, los
cuales atenderán solamente a adolescentes de entre 15 y 17 años que no hayan
completado sus trayectos educativos obligatorios de acuerdo con la edad
estipulada. En el caso de los mayores de 18 que quieran anotarse en el primer
año de la secundaria, estos tendrán como única oferta educativa los
dependientes de la Modalidad de Adultos (CENS y CEBAS).
Tomando en cuenta la gran
cantidad de escuelas secundarias (500 aproximadamente) de la provincia que
hasta el año pasado tenían funcionando en sus establecimientos desde hace
décadas el tradicional bachillerato de adultos de 3 o 4 años, no se puede
esperar a partir de esta medida más que una cascada de marchas y contramarchas
basadas en la falta de información y arbitrariedad de quienes nos gobiernan.
En principio, la medida se tomó
entre gallos y medianoche, sabiendo la crisis educativa que esto iba a generar:
pasar la matrícula de adultos de 500 establecimientos a 138 que tiene CENS y 19 servicios que tiene
CEBAS ya con su matrícula propia desafía todas las leyes físicas y lógicas que
este gobierno parece ignorar. A tal
punto se avanzó con el ocultamiento, que muchos docentes, sin conocer la
situación, titularizaron cargos en los Bachilleratos de Adultos durante el mes
de febrero de 2018, siendo que estos ya tenían su sentencia de muerte firmada
desde el año anterior. En otras palabras, se avanzó en actos públicos con la
titularización en una oferta educativa que ya había dejado de existir,
atentando contra los derechos de los trabajadores a poder decidir sobre su
futura estabilidad laboral. Muchxs trabajadorxs cayeron en esta trampa del
sistema y ahora se encuentran que a finales de marzo, con el ciclo lectivo ya
en curso, no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo. En el mejor de
los casos los que tienen de 2° a 4° año saben que por este año y hasta que se
complete el ciclo cerrado tendrán la posibilidad de seguir ejerciendo la
docencia en esta oferta educativa e ir anticipando esta debacle, pero lxs
docentes de primer año se encuentran en un limbo de improvisación e
incertidumbre que no ha generado más que angustias e indignación en lxs
trabajadorxs.
Hoy por hoy nadie sabe decirles
con certeza cuál es su situación a nivel laboral. Ni siquiera los directivos de
los establecimientos cuentan con la información necesaria para contener a su
personal ni a toda la comunidad educativa de la zona, ya que mientras tanto,
reciben cataratas de solicitudes de vecinos que quieren hacer la secundaria en
la escuela del barrio y no saben si deben anotarlos o a dónde derivarlos.
En algunos casos cuentan con algo
de información sobre las denominadas “Aulas de aceleración”, que son en
realidad los bachilleratos juveniles a ciclo cerrado mencionados por la
resolución: un parche para reasignar a docentes que se quedan sin trabajo. Sin
embargo no se sabe qué materias van a tener, ni en qué horarios, ni con cuántas
secciones contaría cada establecimiento (se sabe que el máximo es dos por
escuela). Lo que sí se conoce es que los que trabajen en el marco de este
programa quedarán fuera del régimen estatutario, ya que su continuidad es
incierta y las horas serán contratadas por ciclo lectivo (por diez meses),
accediendo a éstas a través de proyectos y no por acto público.
De este modo los directivos a
cargo siguen sin poder reasignar las horas de trabajo de estxs docentes y miles
de estudiantes están esperando sin tener clases. Tomando todo esto en cuenta,
es desconcertante observar cómo mientras el diario La Nación saca una nota en
la primera plana del 28 de marzo, expresando “su preocupación” por la poca
cantidad de días de clase de los estudiantes argentinos frente a otros países
de Latinoamérica, el gobierno para el que colaboran abiertamente, no ha
resuelto a esa fecha el inicio de clases de miles de alumnos de entre 15 y 17
años, y los mayores de 18 de diferentes barrios, cuyos docentes de manera
autoconvocada e invisibilizados por los
medios claman que quieren trabajar y no los dejan.
Mientras tanto el SUTEBA guarda
un complaciente silencio ante tal avance, logrado gracias a que el Consejo General
de Educación de la Provincia, del cual forman parte, aprobara la iniciativa el
28 de noviembre de 2017, para luego presentar una simple solicitud de
suspensión de la medida el 14 de diciembre, una vez ya consumado el desastre
que ellos mismos contribuyeron a generar.
Varias comunidades educativas se
han movilizado en diferentes distritos. Sin embargo, a pesar de que han
circulado algunos mensajes contradictorios y triunfalistas sobre la marcha
atrás de esta medida por parte de la conducción celeste, que lo único que hacen
es desmovilizar y planchar el conflicto, las autoridades de la provincia han
ratificado la resolución y siguen adelante con el ataque.
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