El derecho a la salud y el gran negocio del control del ausentismo en educación.

Una vez más la educación pública está siendo atacada de manera violenta e ilegal, en este caso  en su aspecto más sensible: la salud de toda la comunidad educativa. Como si no fuera poco el cierre de cursos y el cierre de los Bachilleratos de adultos con el consecuente hacinamiento en las aulas, la precarización laboral con el proyecto de las llamadas “Aulas de aceleración” y la delirante pretensión de imponer un aumento de sólo el 15 % acompañado de un premio a la buena salud llamado “presentismo”, el gobierno de Vidal ha obligado a los docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires a descargar una aplicación en los teléfonos celulares para solicitar “de manera ágil y sin validación presencial” las licencias médicas. 

Muchos de nosotros confiamos en estas últimas palabras y, a pesar de lo invasivo que puede sonar el forzar a un empleado a bajar una aplicación al celular,  pensamos que realmente implicaba una mejora frente a la pésima experiencia que veníamos padeciendo en los últimos años con el servicio totalmente deficiente de la prestataria Dienst Consulting SA, contratada por primera vez por la gestión anterior sin ningún tipo de licitación y vuelta a contratar de la misma manera durante el 2016 y el 2017 por la gestión de Vidal.

Sin embargo, la aplicación de la gobernadora, más allá de mejorar el sistema y evitar que el trabajador se tenga que movilizar a la sede de reconocimientos médicos del distrito y esperar a veces largas horas, con su familiar enfermo incluido, cuando el médico le habría indicado reposo, viene a complicar la situación aun más: ingenuos los que pensamos que un gobierno que sólo vino a ajustar implemente una política que mejore la calidad de vida de lxs trabajadorxs de la educación y por ende favorezca la educación pública.

El primer problema que se presentó es que muchos de lxs docentes y auxiliares no contamos con un teléfono celular moderno en el que se pueda bajar dicha aplicación y el sistema no permite que ni siquiera lo bajemos a una computadora, lo cual deja en claro la precariedad en la que nos encontramos y despierta infinitas suspicacias: ¿quiere el gobierno provincial monitorear nuestros movimientos mediante el sistema de geolocalización del celular para controlar si realmente guardamos reposo mientras todos vemos por televisión al presidente en el cumpleaños de la diva Mirtha Legrand cuando está de licencia médica por una lesión que sufrió jugando al paddle?

El segundo problema es que aquellos que tuvieron la posibilidad de descargar la app y hacerse su usuario, se encuentran con que sí o sí deben concurrir a un médico particular y no al hospital, ya que la aplicación sólo acepta certificados médicos con días estipulados de reposo y diagnóstico específico, algo que en una guardia hospitalaria no se emite, lo cual contradice todo principio básico de legitimidad que se le otorga al sistema público de salud y atenta contra nuestro bolsillo, que debe afrontar un gasto que en muchos casos el IOMA ya no cubre.

Pero supongamos que el primer y segundo obstáculo fueron sorteados: tenemos un teléfono celular moderno en el que pudimos instalar la app y pudimos pagar la consulta a un médico que ya no atiende por IOMA debido a la deuda que la obra social de la provincia aún no le ha saldado. El tercer obstáculo es que nuestro certificado  correctamente confeccionado muchas veces no es tomado por la aplicación o es ingresado pero la aplicación lo rechaza, a veces luego de varios días, no autorizando de ese modo la toma de un suplente durante la espera. En esos casos la misma aplicación nos manda a uno de los centros de reconocimiento médico que puede quedar a varios kilómetros de donde vivimos, en el caso del gran Buenos Aires tenemos sólo 3: uno en Lomas de Zamora, otro en Tigre y otro en Berazategui. Por ejemplo, un compañero con una fractura en la pierna que necesitó una intervención quirúrgica con clavos tuvo que presentarse en Berazategui indefectiblemente mientras debía guardar reposo absoluto, y, lo que es peor, le aprobaron solamente 30 días de licencia de los 60 que mandó su médico, desautorizando la palabra del especialista. Casualmente una compañera con el mismo tipo de fractura e intervención padeció exactamente la misma experiencia, por lo que sospechamos que este sistema perverso está preparado con un mismo guion prefijado que responde de la misma manera a las mismas afecciones, sin contar con los numerosos casos que son directamente rechazados después de varios días en los que las compañeras deben quedarse haciendo el reposo indicado o cuidando de sus hijxs, para enterarse luego que estos días de ausencia al trabajo van a descuento como falta injustificada sin saber el porqué.

 ¿Y qué hay del derecho a la privacidad? En el estado de Virginia, Estados Unidos, el gobierno tuvo que suspender la implementación de una aplicación similar a ésta, ya que los docentes la consideraron totalmente invasiva. Los docentes, organizados desde las bases con los sindicatos, hicieron 9 días continuos de paro para rechazar tal ataque a sus derechos y el estado no pudo obligarlos a habilitar una aplicación denominada Go365, que monitoreaba su salud y tenía acceso a información sensible, mientras que en nuestra provincia la conducción del SUTEBA se limita a festejar de manera sumisa e hipócrita que el teléfono de consultas acerca de las deficiencias de la aplicación de Vidal ha cambiado de un 0810 a un 0800 y nos deja sólo con la posibilidad de presentar una denuncia individual (https://www.dropbox.com/s/kq4ew5ke7z6wl50/DENUNCIA%20OTORGAMIENTO%20LICENCIA%20M%C3%89DICA.doc?dl=0) ante estas violaciones a nuestros derechos estatutarios.

La verdad detrás de este nuevo sistema de licencias no es claramente mejorar la educación pública y mucho menos la calidad de vida de lxs trabajadorxs, sino disciplinarnos una vez más, afectando de forma indirecta y directa la calidad educativa. La afecta de forma indirecta porque trabajadorxs que tienen que auto-explotarse, trabajando excesiva cantidad de horas en espacios insalubres para poder ganar un sueldo digno y encima no tienen acceso al cuidado de su salud no pueden brindar el 100 % de su potencial a pesar de que lo intentamos cada día. Por otro lado, la afecta de manera directa porque al negar en muchos casos la licencia después de haber guardado el reposo indicado, en algunas situaciones han notificado después de una semana, la escuela no puede tomar suplente, ya que hasta que la licencia no sea efectivamente aprobada no se está en condiciones de garantizar el pago de éstos, dejando de ese modo a muchos estudiantes sin las horas de clases correspondientes.

Obviamente esta es la respuesta obediente del gobierno al mandato del Banco Mundial que pretende instalar la disciplina y el recorte de gastos más salvaje que se haya hecho en la historia de la educación argentina. Mientras tanto el control territorial de las licencias lo harán por dos años en dos de las 4 zonas en que se dividió a la provincia de Buenos Aires, otra vez Dienst Consulting SA (la empresa prestataria anterior con múltiples denuncias por irregularidades) y en las otras dos Healthy SA, empresa cuyo dueño es Sergio Oppel, un empresario cercano a José Luis Lingeri, histórico burócrata del sindicato de Obras Sanitarias y hombre fuerte de la empresa de agua estatal AySA. La gestión de la app y  la web las manejará en toda la provincia la empresa International Health Services Argentina (IHSA), empresa cuyo principal accionista es Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, el cual no es la primera vez que resulta favorecido por la contratación irregular de sus servicios, ya que en 2016 el gobierno de María Eugenia Vidal intentó cerrar el negocio  del servicio de ambulancias con Emergencia SA, perteneciente al mismo grupo empresario.

Es por eso que miles de interrogantes empiezan a surgir acerca de la transparencia de un gobierno que se ha autoproclamado moralmente superior al pasado. Pero lo que más nos preguntamos es lo siguiente: cuando una trabajadora que debe guardar reposo absoluto es obligada por el gobierno de la provincia a trasladarse varios kilómetros ¿no se está violando un derecho? ¿qué pasaría si una de estas trabajadoras tiene un accidente en el traslado o el traslado mismo provoca una recaída en su afección? ¿se hará cargo el gobierno de la provincia de las consecuencias de esos traslados, angustias, gastos y descuentos injustificados que lxs docentes y auxiliares nos vemos obligados a afrontar mientras estamos padeciendo una enfermedad que en la mayoría de los casos nos contagiamos en los mismos establecimientos escolares en donde el hacinamiento, la falta de agua y calefacción son moneda corriente? 

El 70 % de lxs trabajadorxs de la educación somos mujeres, y principalmente mujeres de entre 25 y 50 años, justamente la franja de edad en que la mujer queda embarazada y cría a sus hijos, el momento más vulnerable de las mujeres trabajadoras que en su mayoría son cabeza de hogar, y este gobierno, lejos de proteger a sus niños y mujeres, viene a cercenar sus derechos, atacando en forma directa el más básico de los derechos humanos, el derecho a la salud.