BALANCE GESTIÓN VIDAL (=MACRI) EN MATERIA EDUCATIVA

A fines de octubre del 2015 la flamante gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires dijo por televisión que lo primero que iba a hacer en su gestión era sentarse a dialogar con les docentes  para mejorar la calidad educativa y saldar una deuda evidente que el gobierno anterior no había podido cubrir. Allá por esos tiempos de un dólar a aproximadamente $ 13, Vidal declaró abiertamente que una docente debía ganar por lo menos $ 40000, llenando de ilusiones a sus votantes. Sin embargo la realidad demostró la gran mentira de esta nueva gestión que empezaba a transitar. 

A comienzos del 2016 parecía que la evaluación del desempeño docente se había convertido en uno de los principales temas de la agenda del nuevo gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires a pesar de los reclamos, más que categóricos, de parte de las bases acerca de la indiscutible precaria situación salarial y la evidente deficiencia en infraestructura en las que nos había sumergido a todes les trabajadores docentes la gestión anterior, problemáticas que debían solucionarse con urgencia, ya que sí tienen relación directa con la calidad educativa que tanto preocupaba a María Eugenia Vidal y a sus ministros. La costosa evaluación se impuso por la fuerza sin el consenso con les trabajadores y hasta el día de hoy no hay ningún registro certero de su impacto directo en la mejora de los aprendizajes.

Ya en el año 2017, el inicio del ciclo lectivo no se pudo negociar de manera tan laxa con las conducciones sindicales como se había concretado en el año anterior debido a la presión de la base docente que ya había probado un bocado amargo de las verdaderas intenciones de la gestión macrista. El llamado a voluntaries no docentes por parte del gobierno provincial y la denostación de nuestro trabajo por cadena nacional no hicieron más que confirmar el vaciamiento del sistema educativo que planificaban junto a sus ministros el presidente y la gobernadora de la provincia de la mano de lo que denominaron “Plan Maestro”. La represión del domingo 9 de abril de 2017 a docentes que deseaban instalar una Escuela Itinerante en el predio de una plaza, implicaba que la reforma educativa del  gobierno neoliberal, con su plan maestro, se pretendía hacer a la fuerza, “sobre los docentes y no con los docentes” (Brenner, 2017).

Arrancamos el año 2018 con el cierre de jardines y escuelas rurales, y de los bachilleratos de adultos, que se hiciera con el respaldo del Consejo General de Cultura y Educación, del cual dos miembros son del SUTEBA,  aprobando la iniciativa en sesión de fecha 28 de noviembre de 2017 por unanimidad. También se nos vino encima otro ataque con el nuevo sistema de licencias online y en junio de ese mismo año, la resolución 1736, flexibilizaba el trabajo de los EOE. Ahí no más tuvimos el proyecto presentado por la gobernadora para recortar más de 800 horas a las escuelas técnicas con la pérdida de trabajo que esto acarreaba. Y en julio de ese mismo año la provinciapresentaba el proyecto para colegiar y precarizar el trabajo de los y las docentes de educación física, todo eso atravesado por el proyecto latente de reforma previsional provincial. Mientras tanto, en la negociación paritaria, la gobernadora, ante la pasividad de la conducción celeste del SUTEBA, se dio el lujo de hacer lo que quería, inclusive de imponer una conciliación obligatoria, lo que convertía al año 2018 en el año de ataque más salvaje del neoliberalismo macrista a la educación. Pero siempre se puede caer más abajo: el abandono sistemático de los edificios escolares, denunciado una y otra vez por toda la comunidad educativa tocó fondo el 2 de agosto de 2018 con el asesinato laboral de Sandra y Rubén en el distrito de Moreno, sin grandes costos políticos para la gobernadora debido a la mansa reacción de los sindicatos.

Ya en el año 2019 la tercerización y precarización laboral está a toda marcha desde los primeros días. El 1 de febrero el Gobierno de la Provincia despidió por mail a 36 integrantes de la Equipos Técnicos Centrales de Formación Continua. La medida fue directamente contra el derecho de les docentes a la capacitación en servicio y paga por el estado consagrada en el estatuto del docente, y a renglón seguido desde el propio estado provincial se habilitó a ONGs a ofrecer a los docentes cursos pagos. Una de esas ONGs está vinculada directamente con la responsable del Programa EscuelAgro, Victoria Zorraquín, quien era a la fecha la flamante directora de la Dirección de Formación Continua. Como todos saben el propio director general de cultura y educación Sánchez Zinny  fundador del grupo Sophía, es Ceo de Edunexo, empresa de productos y servicios educativos. Lo mismo sucede con la contratación de consultoras internacionales para realizar evaluaciones estandarizadas a les estudiantes.

Claramente, el desfinanciamiento de la educación pública y la interesada campaña de desprestigio contra les docentes han marcado al gobierno de  Macri-Vidal en materia educativa como la gestión más violenta, muestra del neoliberalismo salvaje que no se detiene hasta llegar a la muerte de les trabajadores: una gestión que no dialoga, mata. Sin políticas sindicales que coordinaran,  en cada escuela y sector en forma integral, una lucha a la altura del ataque que sufrimos, las que hablaron finalmente fueron las urnas, esas en las que no entran los sueños ni las broncas, fueron solo la mínima expresión de lo que se dice hace 4 años en cada escuela y que el gobierno de los CEOs no quería escuchar: ¡BASTA!

La encrucijada de les docentes es poder enfrentar los golpes que cada gobierno de turno descarga contra la educación pública. Les trabajadores de la educación movilizados, en las calles y en las aulas, junto a la comunidad, decidiendo en asamblea, tenemos la llave para recuperar la escuela que nuestro pueblo necesita. 

Después de la mentirosa y miserable propuesta, ¡Sigamos luchando por la Educación Pública!

En los últimos días el Gobierno ofreció un engañoso método de recupero y actualización para el salario docente, dejando de lado las demandas por mejoras en infraestructura y contra la precarización y el disciplinamiento. Aún así, el FUDB decidió consultarlo, y la conducción celeste en particular militó su aceptación. ¡Nuestra lucha sigue vigente!

En primer lugar, debemos desmentir la propaganda de los medios y la Celeste a favor de la propuesta. Cuando ya fue reconocido por el Gobierno que la docencia perdió más del 15% de poder adquisitivo en el 2018, pretenden que nos conformemos con un 5% en marzo y un 2% en julio, que no son sumas nuevas sino un traspaso al básico, más un 8% (a cobrar recién) en julio que es dinero nuevo. A esto sumamos la actualización, no aumento, trimestral que implica dos cuestiones importantes: al no tener aumento solo estaríamos actualizando la pobreza de nuestros sueldos, y, al ritmo inflacionario que vivimos, en cada cuota habría una nueva pérdida de los dos primeros meses. Como se ve claramente, de concretarse esta propuesta el único que gana es el Gobierno Provincial.

En segundo, y no menos importante, plano de análisis, están las demandas por condiciones dignas de aprendizaje y trabajo que no son parte del acuerdo consultado. Claramente en la difusión del FUDB se explicita que ’seguirán vigentes’ las exigencias de arreglo en infraestructura, retroceso de las reformas que precarizan nuestra situación laboral, anulación de las medidas de disciplinamiento (descuentos de días de paro, sumarios a directives, etc). Y, por si quedaba alguna duda, el Secretario General de SUTEBA Varela lo explicita en un audio: “se va a seguir dando pelea”; nos preguntamos: ¿resignando la unidad de las luchas?,  ¿desaprovechando un año electoral dónde podemos hacer más presión? Con el antecedente que tenemos de Sandra y Ruben, con la inflación que ataca no solo nuestro salario sino también el presupuesto para merienda y comedor escolar que se visibiliza en porciones cada vez más chicas en un contexto de hambre creciente, ¿se puede si quiera consultar la posibilidad de  firmar un acuerdo que solo asegure parcialmente el aspecto salarial? Para el FUDB, sí.

Y la respuesta de la docencia fue contundente, quien quiera ver que vea. Aún con la promoción mediática a favor de la aceptación, con los tiempos acotados para buscar información correcta, y lo rebuscado de nuestra liquidación salarial, muches docentes nos organizamos para pronunciarnos en contra de esta burla. Con asambleas autoconvocadas, adhesión al paro convocado por las seccionales Multicolor, participación en la encuesta de SUTEBA y hasta discusiones virtuales rechazamos de hecho la propuesta y nos seguimos organizando para defender nuestros derechos. En Varela, la consulta militada a favor por la conducción, arrojó solo un 55% de aceptación y, desde que se conocieron los números, ahora expuestos tendenciosamente por escuela aprovechando la disparidad de votos, no paran las expresiones de bronca y asombro de les docentes que día a día sostenemos las escuelas.

¡La lucha sigue! En los distritos de Conducción Multicolor se realizaron asambleas y se votó convocar a parar los días miércoles 3 y jueves 4, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba. Consideramos que es una oportunidad para visibilizar nuestro compromiso con  la defensa de la Educación Pública que Vidal, y todo Cambiemos, han decidido atacar sistemáticamente, con el aval de cómplices y funcionales. Independientemente de afiliaciones e identidades, esta semana tenemos nuevamente la oportunidad de aunar fuerzas en dos días de paro y movilización que esperamos sean masivos. 

Por la Escuela. Por nuestros derechos. Por Carlos Fuentealba, Sandra y Rubén. ¡La lucha sigue! 

Lista Marrón – SUTEBA F. Varela

En la Multicolor.

Carta abierta a la comunidad: El Estado de las escuelas.

      Florencio Varela, 5  de agosto de 2018.

Estudiantes, egresadxs, familias, vecinxs:   

El jueves pasado la escuela pública perdió a dos trabajadorxs, nosotrxs perdimos a dos compañerxs. Pudieron y pueden ser más, pudo haber estudiantes con el mismo trágico final, porque en nuestra provincia una escuela en peligro no es un caso aislado. 

Todos los días, vamos de escuela en escuela viendo las condiciones de los edificios que nos ponen en riesgo, a trabajadorxs y estudiantes. Pérdidas de gas, derrumbe de mampostería, goteras que filtran por conexiones eléctricas, cables sin cubrir, baños limpiados con lavandina rebajada, matafuegos sin carga, vidrios rotos, pozos ciegos llenos, estufas que no funcionan, son los reclamos más frecuentes. Se informa, se elevan notas, se completan planillas, se llama a todas las dependencias correspondientes, para que nadie escuche ni responda. Del mismo modo que, más de una vez, nos reunimos con la comunidad a pintar las paredes, se intenta arreglar los problemas con la escasa plata de cooperadora, con una colecta, con tiempo y materiales que no brinda el Estado. Ese Estado manejado por distintos gobiernos que no invierten en Educación más que para la remodelación de UNA escuela, la compra de computadoras o drones (sí, drones) que les permita ser noticia y sacarse una foto en campaña. Porque el mantenimiento no suma prestigio, es una obligación que no genera aplausos; entonces, deciden no cumplirla. Ahorran en lo más básico y necesario: las condiciones dignas para aprender y enseñar. 

                                              Este reclamo no es nuevo, es una demanda constante de cada paritaria, de cada paro, de cada movilización. Cuando pedimos condiciones dignas no hablamos solo de sueldo, nos referimos también al presupuesto educativo, a la renacionalización del sistema educativo para terminar con las diferencias, al control del dinero que llega a los municipios como Fondo Educativo. Las escuelas, al igual que los hospitales, son del Estado, y este tiene que ocuparse de mantenerlos, no basta con construirlos (cada muchos años) y pagar los sueldos; el aprendizaje es mucho más que ir a clases, depende de muchos factores del medio, y para que se pueda llevar a cabo, la seguridad y el bienestar físico deben estar garantizados. 

En un momento de ajuste como política pública y declarada, es importante que estemos unidxs defendiendo derechos, tomando conciencia de las consecuencias de las decisiones gubernamentales, evitando naturalizar el abandono de lo público, lo de todxs, lo nuestro. Por Sandra y por Rubén, exijamos castigo para los responsables de sus muertes y medidas que resuelvan el estado actual de las escuelas; la falta de inversión MATA, en derechos no se debe ahorrar. 

Lista Marrón – SUTEBA F. Varela
¡Luchemos en las aulas y en las calles!

El derecho a la salud y el gran negocio del control del ausentismo en educación.

Una vez más la educación pública está siendo atacada de manera violenta e ilegal, en este caso  en su aspecto más sensible: la salud de toda la comunidad educativa. Como si no fuera poco el cierre de cursos y el cierre de los Bachilleratos de adultos con el consecuente hacinamiento en las aulas, la precarización laboral con el proyecto de las llamadas “Aulas de aceleración” y la delirante pretensión de imponer un aumento de sólo el 15 % acompañado de un premio a la buena salud llamado “presentismo”, el gobierno de Vidal ha obligado a los docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires a descargar una aplicación en los teléfonos celulares para solicitar “de manera ágil y sin validación presencial” las licencias médicas. 

Muchos de nosotros confiamos en estas últimas palabras y, a pesar de lo invasivo que puede sonar el forzar a un empleado a bajar una aplicación al celular,  pensamos que realmente implicaba una mejora frente a la pésima experiencia que veníamos padeciendo en los últimos años con el servicio totalmente deficiente de la prestataria Dienst Consulting SA, contratada por primera vez por la gestión anterior sin ningún tipo de licitación y vuelta a contratar de la misma manera durante el 2016 y el 2017 por la gestión de Vidal.

Sin embargo, la aplicación de la gobernadora, más allá de mejorar el sistema y evitar que el trabajador se tenga que movilizar a la sede de reconocimientos médicos del distrito y esperar a veces largas horas, con su familiar enfermo incluido, cuando el médico le habría indicado reposo, viene a complicar la situación aun más: ingenuos los que pensamos que un gobierno que sólo vino a ajustar implemente una política que mejore la calidad de vida de lxs trabajadorxs de la educación y por ende favorezca la educación pública.

El primer problema que se presentó es que muchos de lxs docentes y auxiliares no contamos con un teléfono celular moderno en el que se pueda bajar dicha aplicación y el sistema no permite que ni siquiera lo bajemos a una computadora, lo cual deja en claro la precariedad en la que nos encontramos y despierta infinitas suspicacias: ¿quiere el gobierno provincial monitorear nuestros movimientos mediante el sistema de geolocalización del celular para controlar si realmente guardamos reposo mientras todos vemos por televisión al presidente en el cumpleaños de la diva Mirtha Legrand cuando está de licencia médica por una lesión que sufrió jugando al paddle?

El segundo problema es que aquellos que tuvieron la posibilidad de descargar la app y hacerse su usuario, se encuentran con que sí o sí deben concurrir a un médico particular y no al hospital, ya que la aplicación sólo acepta certificados médicos con días estipulados de reposo y diagnóstico específico, algo que en una guardia hospitalaria no se emite, lo cual contradice todo principio básico de legitimidad que se le otorga al sistema público de salud y atenta contra nuestro bolsillo, que debe afrontar un gasto que en muchos casos el IOMA ya no cubre.

Pero supongamos que el primer y segundo obstáculo fueron sorteados: tenemos un teléfono celular moderno en el que pudimos instalar la app y pudimos pagar la consulta a un médico que ya no atiende por IOMA debido a la deuda que la obra social de la provincia aún no le ha saldado. El tercer obstáculo es que nuestro certificado  correctamente confeccionado muchas veces no es tomado por la aplicación o es ingresado pero la aplicación lo rechaza, a veces luego de varios días, no autorizando de ese modo la toma de un suplente durante la espera. En esos casos la misma aplicación nos manda a uno de los centros de reconocimiento médico que puede quedar a varios kilómetros de donde vivimos, en el caso del gran Buenos Aires tenemos sólo 3: uno en Lomas de Zamora, otro en Tigre y otro en Berazategui. Por ejemplo, un compañero con una fractura en la pierna que necesitó una intervención quirúrgica con clavos tuvo que presentarse en Berazategui indefectiblemente mientras debía guardar reposo absoluto, y, lo que es peor, le aprobaron solamente 30 días de licencia de los 60 que mandó su médico, desautorizando la palabra del especialista. Casualmente una compañera con el mismo tipo de fractura e intervención padeció exactamente la misma experiencia, por lo que sospechamos que este sistema perverso está preparado con un mismo guion prefijado que responde de la misma manera a las mismas afecciones, sin contar con los numerosos casos que son directamente rechazados después de varios días en los que las compañeras deben quedarse haciendo el reposo indicado o cuidando de sus hijxs, para enterarse luego que estos días de ausencia al trabajo van a descuento como falta injustificada sin saber el porqué.

 ¿Y qué hay del derecho a la privacidad? En el estado de Virginia, Estados Unidos, el gobierno tuvo que suspender la implementación de una aplicación similar a ésta, ya que los docentes la consideraron totalmente invasiva. Los docentes, organizados desde las bases con los sindicatos, hicieron 9 días continuos de paro para rechazar tal ataque a sus derechos y el estado no pudo obligarlos a habilitar una aplicación denominada Go365, que monitoreaba su salud y tenía acceso a información sensible, mientras que en nuestra provincia la conducción del SUTEBA se limita a festejar de manera sumisa e hipócrita que el teléfono de consultas acerca de las deficiencias de la aplicación de Vidal ha cambiado de un 0810 a un 0800 y nos deja sólo con la posibilidad de presentar una denuncia individual (https://www.dropbox.com/s/kq4ew5ke7z6wl50/DENUNCIA%20OTORGAMIENTO%20LICENCIA%20M%C3%89DICA.doc?dl=0) ante estas violaciones a nuestros derechos estatutarios.

La verdad detrás de este nuevo sistema de licencias no es claramente mejorar la educación pública y mucho menos la calidad de vida de lxs trabajadorxs, sino disciplinarnos una vez más, afectando de forma indirecta y directa la calidad educativa. La afecta de forma indirecta porque trabajadorxs que tienen que auto-explotarse, trabajando excesiva cantidad de horas en espacios insalubres para poder ganar un sueldo digno y encima no tienen acceso al cuidado de su salud no pueden brindar el 100 % de su potencial a pesar de que lo intentamos cada día. Por otro lado, la afecta de manera directa porque al negar en muchos casos la licencia después de haber guardado el reposo indicado, en algunas situaciones han notificado después de una semana, la escuela no puede tomar suplente, ya que hasta que la licencia no sea efectivamente aprobada no se está en condiciones de garantizar el pago de éstos, dejando de ese modo a muchos estudiantes sin las horas de clases correspondientes.

Obviamente esta es la respuesta obediente del gobierno al mandato del Banco Mundial que pretende instalar la disciplina y el recorte de gastos más salvaje que se haya hecho en la historia de la educación argentina. Mientras tanto el control territorial de las licencias lo harán por dos años en dos de las 4 zonas en que se dividió a la provincia de Buenos Aires, otra vez Dienst Consulting SA (la empresa prestataria anterior con múltiples denuncias por irregularidades) y en las otras dos Healthy SA, empresa cuyo dueño es Sergio Oppel, un empresario cercano a José Luis Lingeri, histórico burócrata del sindicato de Obras Sanitarias y hombre fuerte de la empresa de agua estatal AySA. La gestión de la app y  la web las manejará en toda la provincia la empresa International Health Services Argentina (IHSA), empresa cuyo principal accionista es Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, el cual no es la primera vez que resulta favorecido por la contratación irregular de sus servicios, ya que en 2016 el gobierno de María Eugenia Vidal intentó cerrar el negocio  del servicio de ambulancias con Emergencia SA, perteneciente al mismo grupo empresario.

Es por eso que miles de interrogantes empiezan a surgir acerca de la transparencia de un gobierno que se ha autoproclamado moralmente superior al pasado. Pero lo que más nos preguntamos es lo siguiente: cuando una trabajadora que debe guardar reposo absoluto es obligada por el gobierno de la provincia a trasladarse varios kilómetros ¿no se está violando un derecho? ¿qué pasaría si una de estas trabajadoras tiene un accidente en el traslado o el traslado mismo provoca una recaída en su afección? ¿se hará cargo el gobierno de la provincia de las consecuencias de esos traslados, angustias, gastos y descuentos injustificados que lxs docentes y auxiliares nos vemos obligados a afrontar mientras estamos padeciendo una enfermedad que en la mayoría de los casos nos contagiamos en los mismos establecimientos escolares en donde el hacinamiento, la falta de agua y calefacción son moneda corriente? 

El 70 % de lxs trabajadorxs de la educación somos mujeres, y principalmente mujeres de entre 25 y 50 años, justamente la franja de edad en que la mujer queda embarazada y cría a sus hijos, el momento más vulnerable de las mujeres trabajadoras que en su mayoría son cabeza de hogar, y este gobierno, lejos de proteger a sus niños y mujeres, viene a cercenar sus derechos, atacando en forma directa el más básico de los derechos humanos, el derecho a la salud.

Cierre de Bachilleratos de adultos: aprendiendo a vivir en la incertidumbre de la gestión Vidal

El 1 de diciembre de 2017 se firmó la resolución N° 1657 con el objetivo de concretar un claro avance del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la educación de jóvenes y adultos. El documento detalla que los BAO (Bachilleratos de Adultos Orientados) y los BAOT (Bachilleratos de Adultos con Orientación Técnica), dependientes de la Dirección de Educación Secundaria dejarían de funcionar como tales a partir del 1° de enero de 2018 y pasarán a denominarse “Bachilleratos Juveniles”, los cuales atenderán solamente a adolescentes de entre 15 y 17 años que no hayan completado sus trayectos educativos obligatorios de acuerdo con la edad estipulada. En el caso de los mayores de 18 que quieran anotarse en el primer año de la secundaria, estos tendrán como única oferta educativa los dependientes de la Modalidad de Adultos (CENS y CEBAS).

Tomando en cuenta la gran cantidad de escuelas secundarias (500 aproximadamente) de la provincia que hasta el año pasado tenían funcionando en sus establecimientos desde hace décadas el tradicional bachillerato de adultos de 3 o 4 años, no se puede esperar a partir de esta medida más que una cascada de marchas y contramarchas basadas en la falta de información y arbitrariedad de quienes nos gobiernan.

En principio, la medida se tomó entre gallos y medianoche, sabiendo la crisis educativa que esto iba a generar: pasar la matrícula de adultos de 500 establecimientos a  138 que tiene CENS y 19 servicios que tiene CEBAS ya con su matrícula propia desafía todas las leyes físicas y lógicas que este gobierno parece ignorar.  A tal punto se avanzó con el ocultamiento, que muchos docentes, sin conocer la situación, titularizaron cargos en los Bachilleratos de Adultos durante el mes de febrero de 2018, siendo que estos ya tenían su sentencia de muerte firmada desde el año anterior. En otras palabras, se avanzó en actos públicos con la titularización en una oferta educativa que ya había dejado de existir, atentando contra los derechos de los trabajadores a poder decidir sobre su futura estabilidad laboral. Muchxs trabajadorxs cayeron en esta trampa del sistema y ahora se encuentran que a finales de marzo, con el ciclo lectivo ya en curso, no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo. En el mejor de los casos los que tienen de 2° a 4° año saben que por este año y hasta que se complete el ciclo cerrado tendrán la posibilidad de seguir ejerciendo la docencia en esta oferta educativa e ir anticipando esta debacle, pero lxs docentes de primer año se encuentran en un limbo de improvisación e incertidumbre que no ha generado más que angustias e indignación en lxs trabajadorxs.

Hoy por hoy nadie sabe decirles con certeza cuál es su situación a nivel laboral. Ni siquiera los directivos de los establecimientos cuentan con la información necesaria para contener a su personal ni a toda la comunidad educativa de la zona, ya que mientras tanto, reciben cataratas de solicitudes de vecinos que quieren hacer la secundaria en la escuela del barrio y no saben si deben anotarlos o a dónde derivarlos.

En algunos casos cuentan con algo de información sobre las denominadas “Aulas de aceleración”, que son en realidad los bachilleratos juveniles a ciclo cerrado mencionados por la resolución: un parche para reasignar a docentes que se quedan sin trabajo. Sin embargo no se sabe qué materias van a tener, ni en qué horarios, ni con cuántas secciones contaría cada establecimiento (se sabe que el máximo es dos por escuela). Lo que sí se conoce es que los que trabajen en el marco de este programa quedarán fuera del régimen estatutario, ya que su continuidad es incierta y las horas serán contratadas por ciclo lectivo (por diez meses), accediendo a éstas a través de proyectos y no por acto público.

De este modo los directivos a cargo siguen sin poder reasignar las horas de trabajo de estxs docentes y miles de estudiantes están esperando sin tener clases. Tomando todo esto en cuenta, es desconcertante observar cómo mientras el diario La Nación saca una nota en la primera plana del 28 de marzo, expresando “su preocupación” por la poca cantidad de días de clase de los estudiantes argentinos frente a otros países de Latinoamérica, el gobierno para el que colaboran abiertamente, no ha resuelto a esa fecha el inicio de clases de miles de alumnos de entre 15 y 17 años, y los mayores de 18 de diferentes barrios, cuyos docentes de manera autoconvocada  e invisibilizados por los medios claman que quieren trabajar y no los dejan.  

Mientras tanto el SUTEBA guarda un complaciente silencio ante tal avance, logrado gracias a que el Consejo General de Educación de la Provincia, del cual forman parte, aprobara la iniciativa el 28 de noviembre de 2017, para luego presentar una simple solicitud de suspensión de la medida el 14 de diciembre, una vez ya consumado el desastre que ellos mismos contribuyeron a generar.

Varias comunidades educativas se han movilizado en diferentes distritos. Sin embargo, a pesar de que han circulado algunos mensajes contradictorios y triunfalistas sobre la marcha atrás de esta medida por parte de la conducción celeste, que lo único que hacen es desmovilizar y planchar el conflicto, las autoridades de la provincia han ratificado la resolución y siguen adelante con el ataque.

Reforma en adultos. Simple escolarización versus auténtica educación.

A poco de publicarse los resultados del último Operativo Aprender el gobierno se vuelve a burlar de toda la comunidad al realizar la misma oferta salarial a lxs trabajadorxs de la educación del 15% en tres cuotas con sumas en negro correspondientes a un presentismo que atenta contra la salud y a una capacitación imposible de llevar a cabo debido al poco tiempo disponible, ya que trabajamos hasta tres turnos, y a la escasez de ofertas de formación gratuita de calidad. Todo este avance contra nuestros derechos a enseñar y aprender en condiciones dignas está acompañado por un bombardeo de medidas con propuestas de cambios profundos que, bajo la excusa de “necesitar mejorar la calidad educativa debido a los resultados de las pruebas estandarizadas del operativo”, lo único que promueve es un profundo vaciamiento pedagógico.

Una de estas medidas gestadas de forma inconsulta y oculta en estos últimos meses, es la reducción de los días de cursada de los CENS (Centros de Educación de Nivel Secundario), pertenecientes a la Modalidad de Adultos, de 5 días a la semana a 3 solamente. A través de este nuevo régimen de cursada semipresencial, muchas materias fundamentales para la formación de los adultos que cursan sus estudios secundarios, se reduce a la mitad, de 4 encuentros al mes a sólo 2 días, quedando los otros dos días como jornadas de tutorías para asistencia de los estudiantes que tengan consultas.

La propuesta implica una reducción dramática de los contenidos teórico-prácticos que contribuyen a la formación auténtica de los estudiantes adultos y a la posibilidad de una futura inserción en los estudios del nivel superior o universitario. Con el pretexto de “intentar adecuar la cursada a la situación de vida del estudiante adulto”, adecuación que ya se estaba llevando a cabo de manera constante en las prácticas de enseñanza,  lo único que se está haciendo es cristalizar un posicionamiento ideológico desde el cual se pretende fragmentar de manera más salvaje el sistema educativo.

En otras palabras se conforma un nuevo circuito de “inclusión” que no es más ni menos que inclusión diferenciada a través de un contundente vaciamiento de contenidos, marcando de manera categórica la diferencia entre simple escolarización y auténtica educación. La paradoja que debemos marcar en estas nuevas ofertas educativas que “pretenden garantizar la educación permanente” es que lo único que logran es reproducir desigualdades, ya que no garantiza la igualdad de resultados en la formación, a los que debemos apuntar como educadores. Sólo asegura la igualdad de acceso y egreso en un nivel educativo, ensanchando aun más la brecha entre dichas (des)igualdades, de oportunidad y de resultado, en los trayectos futuros: educación pobre para las clases populares que sólo podrán aspirar a un oficio y a vivir en la incertidumbre de la precarización laboral cada vez más intensa, no sólo para lxs estudiantes, sino también para los mismos docentes que al tener recortadas sus horas de trabajo en el aula se ven expuestos a futuros cierres de cursos y cambios en las condiciones de trabajo y cobro de haberes, sin mencionar los futuros recortes en la educación superior que esta ola de cambios acarrearía al no poderse garantizar la continuidad de estudios para sus egresados, quienes ya no contarían con las herramientas esenciales para poder afrontarlos.

LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UNA VARIABLE DE AJUSTE.

*No al vaciamiento pedagógico.

*No al cierre de los bachilleratos de adultos.

*Salario igual a la canasta familiar por un cargo.

EL PLAN DETRÁS DEL OPERATIVO APRENDER

En octubre del 2016 el gobierno de Macri llevó a cabo una gigantesca evaluación nacional  de la educación a la que denominó “Operativo Aprender”. En ella 180.000 "aplicadores" administraron un instrumento externo y estandarizado  a más de un millón de alumnos de escuelas  públicas y privadas de 6to grado y 6to año de todas las escuelas, y de 3er grado y de 3er año de algunas.  El operativo se presentó con gran despliegue publicitario que trató de hacerlo ver como  un “gran esfuerzo del gobierno por mejorar la calidad educativa”. En noviembre de este año el operativo se llevará a cabo nuevamente, reafirmando una vez más lo que el gobierno denomina como la “cultura de la evaluación”, la cual pretenden imponer. Parece que la evaluación del desempeño se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda del macrismo a pesar de los reclamos, más que categóricos, de parte de los gremios y de las bases acerca de la indiscutible precaria situación salarial de toda la comunidad educativa y la evidente deficiencia en infraestructura, a los que el gobierno ha hecho oído sordos, dejándonos este año sin paritaria nacional y con un acuerdo paritario a la baja en la provincia de Buenos Aires después de un largo y desgastante conflicto que terminó licuando nuestros salarios con el aumento, debido a los implacables descuentos por paro. Pero ¿qué hay detrás de esta preocupación del gobierno por evaluar al sistema educativo una y otra vez para poder elaborar diagnósticos, si los reclamos de las y los trabajadores de la educación ya dejan bastante en claro qué es lo que se necesita  de forma urgente para poder mejorar las condiciones de enseñanza y, por lo tanto, también de aprendizaje?

En primer lugar podemos afirmar que estas pruebas estandarizadas (para todos iguales) elaboradas por agentes externos a los contextos educativos diversos no conforman una receta nueva ni original: forman parte de los diseños de las llamadas “Reformas Educativas neoliberales”, que desde los 90 se vienen promoviendo en nuestro país y en el mundo a partir de iniciativas del Banco Mundial. El país que fue el gran impulsor de este modelo al que estamos llegando tarde con el flamante Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad educativa a cargo de Elena Duro, es Estados Unidos durante la era Bush, en donde ya se ha reconocido su fracaso.

En segundo lugar, cada vez más autores señalan que este tipo de evaluación externa no aporta información acerca de todos los factores que inciden en los aprendizajes y, lo que es aun más preocupante, no indican qué prácticas mejorarían esos aprendizajes. El mismo Juan Carlos Tedesco (2001) afirma que los vínculos entre formación docente y resultados de aprendizaje de los alumnos son complejos y hasta contradictorios. En Estados Unidos, por ejemplo, la ex viceministra de Educación, Ravith, reconoció en 2010 que no sólo se gastaron miles de millones en implementar el sistema de evaluación, sino que éste no mejoró el nivel educativo. Al igual que México en donde se comprobó que este sistema tuvo un impacto mínimo, con el agravante de que se empieza a notar en otros países tales como Brasil y Chile, como consecuencia de estas políticas, que el aprendizaje de contenidos se limita a los contenidos evaluados en las pruebas estandarizadas que la mayoría de los alumnos aprenden rápidamente a dominar de forma mecánica y funcional al sistema. En la Argentina, 25 años de evaluaciones externas estandarizadas no mejoraron la educación. Con el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) desde el gobierno de Menem y las pruebas PISA (Programme for International Students Assessment o Programa Internacional de Evaluación a Estudiantes) a partir del 2002 promovidas por el OCDE, ha quedado demostrado que semejante despliegue de tiempo y dinero no han aportado ninguna información capaz de enriquecer las prácticas en el aula y mejorar los resultados de la enseñanza.

En tercer lugar es importante señalar esta insistente pretensión de las agencias internacionales de querer apelar a la responsabilidad por los aprendizajes de los alumnos, transfiriendo esta responsabilidad del estado a los docentes y a las instituciones. Debemos estar atentos ante este intento constante de fijar estándares universales creados por organismos externos para generar situaciones de comparabilidad a través de pruebas a los alumnos y a los docentes, y la hipótesis de que los incentivos, especialmente los económicos, están ligados a la mejora educativa. Estas formas de regular la formación y el trabajo docente presentan modelos que “discursivamente proponen la autonomía del docente como profesional y la autorregulación, pero que condicionen dicha autonomía a través de medidas basadas en la lógica del mercado: redefinición de la carrera docente a partir de la flexibilización de las relaciones laborales, salario basado en el mérito, premio al desempeño, incentivos para atraer a ‘los mejores’ a la profesión, evaluación basada en ‘reglas objetivas’, mecanismos de acreditación y definición de estándares a nivel nacional e internacional. La idea que subyace es que el docente debe hacerse a sí mismo en un ‘mercado profesional’, las reglas de funcionamiento están definidas por el Estado. En el mercado, el docente debe ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario que esté en función de su ‘productividad’, y como profesional se ve obligado a capacitarse y obtener titulaciones para cumplir con los requisitos que le permitan permanecer en el mercado y ascender en su carrera laboral y profesional”. (Feldfeber, 2007) En otras palabras, utilizando el pretexto de alcanzar una mejor calidad educativa lo que se pretende es lograr el consenso social necesario para disciplinarnos y flexibilizar nuestra tarea, intentando hacer creer que los trabajadores docentes somos los responsables del actual estado de la educación, cuando justamente hemos sido nosotros los que venimos señalando de manera constante la desidia del estado responsable de esta previsible debacle.

¿Y cómo se va a concretar este disciplinamiento de las trabajadoras y trabajadores de la educación? La respuesta a esto es el proyecto de ley Plan Maestro, que toma como marco referencial un documento del INET “Demanda de capacidades 2020. Análisis de la demanda de capacidades laborales en la Argentina” (Junio de 2016). El documento se focaliza en un relevamiento de las “necesidades” de las empresas en donde se habla del requerimiento futuro de trabajadores que en lugar de conocimientos científicos, técnicos o artísticos, hayan desarrollado capacidades “blandas” tales como responsabilidad, espíritu emprendedor, creatividad, capacidades interpersonales, liderazgo (todas nombradas en el proyecto de ley): una educación que piensa más en las demandas de las empresas que en las necesidades de nuestros estudiantes.

El plan se presenta como una reforma pedagógica profunda pero no es más que una reforma administrativa de fondo que pretende borrar de un plumazo nuestro estatuto, aumentando nuestra edad jubilatoria y desarrollando una carrera docente en la que el salario va a quedar atado a la capacitación y al rendimiento, o a lo que muchos llaman “mérito” en el sentido más liberal de la palabra : el mérito que no toma en cuenta los contextos desfavorables, ni la suma de desventajas que la falta de justicia social genera, desenmascarando la relación ficticia entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados.

Pero eso no es todo, en sus “Metas”, Capítulo 1 el PM plantea: “4.- Disminuir, para el año 2026, un CUARENTA POR CIENTO (40%) el ingreso a escuelas de educación especial de alumnos sin discapacidades severas.” y en el CAPÍTULO 1: “Escolaridad obligatoria”, sección “Asegurar la cobertura de la escolaridad obligatoria de niños y jóvenes con discapacidad”, resalta las “derivaciones no necesarias” y la necesidad de incorporar profesionales a los equipos de trabajo, continuando así con la falacia de la “inclusión” creada por el kirchnerismo que responsabiliza a los docentes de la escuela común por el fracaso de experiencias de inclusión forzadas. De este modo dejan a las escuelas especiales, que están preparadas específicamente para atender esas demandas, sin estudiantes, llevándolas a su desaparición, y también aumentando la tercerización de funciones, proceso ya iniciado por la gestión anterior con la presencia de los acompañantes terapéuticos cuyos costos están a cargo de las familias y en el mejor de los casos de su cobertura médica: un proyecto que continua con la falacia de la “inclusión” creada por el kirchnerismo.

En esa misma línea, si seguimos analizando el capítulo 1 del PM sobre “Escolaridad obligatoria”, la sección “Cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria en todo el país”  plantea arbitrar todo tipo de mecanismos para promover la terminalidad de los estudios secundarios tales como programas con ofertas diversas y la convocatoria a diferentes actores de la sociedad (empresas, sindicatos, ONGs, etc.), dándole continuidad al monstruo ya creado por el gobierno anterior con el plan FiNes, que reduce significativamente la carga horaria de la escuela secundaria y emplea trabajadores por fuera del estatuto: el PM continúa con la fragmentación del nivel secundario bajo la máscara de una inclusión educativa diferenciada ya iniciada con los planes FiNes, que precarizan el trabajo docente y vacían de contenidos al nivel.

En el mismo capítulo en la sección Escolaridad Obligatoria plantea “Asegurar la cobertura universal del nivel inicial desde la sala de 3” pero no aclara cómo va a alcanzar ese objetivo. Lo único que dice es que “Para alcanzar estas metas serán necesarias estrategias diferenciadas por zonas (rural-urbana), por regiones (las provincias del NOA y del NEA son las que tienen los déficits más significativos) y por grupos específicos.” (PM, pag. 6). También habla de capacitar a los padres (PM, pag. 7) lo cual da indicio de que no se está pensando en el empleo de profesionales específicamente capacitados para el nivel: ¿Sabías que el nivel inicial es el nivel educativo que más demandas sin cumplir tiene y que la construcción de jardines de infantes para aumentar la oferta está muy por debajo de lo que el gobierno prometió como objetivo propio?

Cabría preguntarse, por último, cuántos jardines de infantes se podrían construir con el presupuesto que se necesita para llevar a cabo los diferentes operativos de evaluación, dinero que se llevan las empresas evaluadoras beneficiadas con un negocio altamente rentable. También nos podríamos preguntar en cuántas escuelas con ese mismo dinero se podría instalar calefacción, o comprar el mobiliario que falta, o arreglar la instalación eléctrica para que se pueda enchufar una computadora al menos… Visto y considerando que el gobierno está preocupado por una educación para un futuro que imagina, nosotros las y los docentes nos preocupamos por una realidad que vemos y vivimos con nuestros propios ojos todos los días en materia educativa. ¿Estaremos los y las trabajadoras de la educación a la altura de las circunstancias cuando tengamos que salir a luchar por el derecho de nuestra comunidad de enseñar y aprender en condiciones dignas?

EL ENCUENTRO COLECTIVO DOCENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

¿Quiénes somos? 

Agrupaciones docentes parte del Encuentro Colectivo Docente de la provincia de Buenos Aires. Formamos parte del Encuentro Colectivo Docente, espacio provincial que encuentra a más de 20 agrupaciones sindicales docentes del SUTEBA en distintos distritos. Hace 10 años construimos espacios pluralistas, horizontales, tomando la democracia de base como principio independiente de los partidos políticos que nos gobiernan. Pensamos colectivamente qué tipo de sindicato y escuela queremos. Como trabajadoras de la educación asumimos nuestras intervenciones desde un enfoque político-pedagógica-sindical desde una perspectiva de género.

Como trabajadoras de la educación vemos importantísimo darle a nuestra intervención política-pedagógica-sindical una perspectiva de género, entendiendo por género a una construcción socio-histórica que asigna conductas, roles, costumbres y mandatos  a las personas según su sexo biológico.

Tener una perspectiva  de género significa hacer un análisis diferenciado de la situación de las mujeres y los varones que nos permitirá reconocer que ambos tienen necesidades diferentes y específicas, ya que las mujeres representamos una categoría discriminada y desfavorecida en relación con los varones. También nos permite reconocer otras identidades de géneros, y orientaciones sexuales también discriminadas y desvalorizadas socialmente. Asumir una perspectiva de género significa analizar la realidad a partir de las múltiples opresiones que viven las múltiples identidades sexuales como producto del sistema patriarcal en el que vivimos.

A lo largo de nuestra existencia la sociedad impone, a través de sus agentes socializadores (la escuela es uno de ellos), roles a cumplir que abarcan todos los aspectos y ámbitos de la vida tanto "privada" como "pública". En nuestra sociedad patriarcal se nos socializa naturalizando las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y otras identidades. Las instituciones en general y la escuela en particular imponen estereotipos, conductas, creencias según el sexo, abonando a la reproducción de las múltiples violencias que se expresan en lo cotidiano en las aulas, las calles, los barrios, la casa. Por eso, nuestra lucha es como mujeres pero también como trabajadoras de la educación, ya que la escuela es un lugar principal de socialización de niñxs y adolescentxs. Consideramos imprescindible la perspectiva de género en este ámbito para construir la educación como una herramienta de transformación y no de disciplinamiento social con el objetivo de vivir en una sociedad más justa sin explotación y opresiones.

“Somos mujeres, trabajamos como docentes y no aceptamos ser “señorita maestra” si eso implica que nuestro cuerpo es asexuado, sin deseo y entregado a una tarea que es nuestro trabajo. Queremos que la profesión que elegimos se entienda como lo que es: un trabajo y no una tarea que “ayuda” a la economía del hogar donde debiera  haber un varón proveedor. Queremos que se sepa que si en nuestro trabajo ocurre la singularidad de que cuidamos de nuestros alumnxs, eso no sucede por ser mujeres sino por solidaridad con quien establecemos una relación intelectual y de afecto.”

Situación en educación y en el gremio: 

¿Por qué callar si nacimos gritando?    

Aunque nos siguen llamando LOS docentes la mayoría somos MUJERES. Ocho de cada 10 docentes somos mujeres, y esta gran representatividad no se expresa en nuestras dirigencias sindicales. La desigualdad y violencia que sufrimos las mujeres se da donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales: en la familia, el trabajo, el espacio público, etc.

Las docentes, como todas las mujeres, tenemos doble jornada laboral (a diferencia de nuestros colegas varones), ya en nuestra casa caen sobre nosotras las responsabilidades y ejecución de las tareas domésticas, tanto de cuidado  de niños y niñas, como de las personas mayores. ¿En qué momento una maestra con doble cargo, puede descansar para recuperarse de la triple jornada laboral? Encima como docentes llevamos más tareas del trabajo a nuestras casas; porque no alcanza el tiempo en la escuela, realizamos planificación, corrección, formación etc., por fuera del horario laboral (horas que no están contempladas en nuestro salario, ni remuneradas). Las mujeres cobramos un 30% menos que los varones por igual tarea o cargo en cualquier rama de producción. 

En los espacios públicos, como los gremios, las estructuras sindicales son tradicionales y burocráticas con marcadas características patriarcales como el verticalismo y el caudillismo. Se construye la figura del DIRIGENTE SINDICAL (casi siempre varón) poniendo énfasis en el accionar individual por sobre lo colectivo. La figura del "Dirigente sindical" nos deja en un lugar para el cual no fuimos socializadas como mujeres trabajadoras y en el que estamos profundamente incómodas, nos cuesta ganar esos espacios. Esto no implica negarnos a asumir lugares de referencia/dirección sindical (en un momento en el que el sindicato que queremos no existe) o enojarnos y no dar los debates, sino precisamente desnaturalizar y ver qué tareas tenemos que darnos para transformar esos espacios y pensar en una intervención gremial feminista, lo cual implica construir nuevas prácticas pero también nuevos formatos para nuestros sindicatos. (Horizontales, pluralistas, colectivos)

Educación Nacional

El sistema educativo del que somos parte, se creó para normativizar y disciplinar, desde una perspectiva biologicista, con una visión parcializada y puntualizada (una clase, solo unx docente) por eso nuestra tarea es convertir la educación en una herramienta de transformación  muy valiosa.

Luchamos por la implementación efectiva de la ESI porque desde la escuela muchas veces se cae en pensar la sexualidad relacionada al peligro (embarazo, enfermedades, violación), se niega el placer y disfrute, se da por sentada la heterosexualidad y se discrimina de este modo (Heteronormativa). Sabemos que el patriarcado se impone a través de la socialización que recibimos. Nuestro rol como educadorxs es importantísimo para buscar la deconstrucción de masculinidad y feminidad hegemónica, habilitar a la construcción de múltiples identidades y desnaturalizar las relaciones patriarcales.

  

 ¿Por qué participamos del ENM?

*  Por  una educación pública  nacional, no dogmática, laica, liberadora con perspectiva de género.

*  Por una ley de Educación Sexual Integral amplia que contemple la multiplicidad de  géneros y el aborto.

*  Por el aumento nacional del presupuesto educativo.

*  Por un salario nacional docente equiparable a la canasta familiar.

* Por las pibas y pibes que faltan en las aulas, debido a la trata, la violencia institucional y el narcotráfico.

*  Por las mujeres que luchan día a día.

*  Por todas las mujeres, las que están y las que nos arrebataron.

¡GISELLE GIL PRESENTE!

¡Sin Giselle no hay ni una menos!  

¿Por qué las/os docentes no solo podemos, sino que debemos hablar de política en las escuelas?

A pesar del sentido común que debería bastar para entender la educación como un todo mucho más complejo y abarcativo que la instrucción en conocimientos específicos, las campañas políticas y mediáticas del actual gobierno intentan instalar una censura pedagógica desde la opinión pública. Más allá de los sobrados argumentos que podemos dar en torno a nuestro rol como educadores y los derechos de niños/as y jóvenes, contamos con herramientas legales para rebatir las acusaciones y los intentos por coartar la libertad de expresión en las escuelas.

En primer lugar,  cumplimos con los principios de la Ley Provincial de Educación, que prescriben como política de estado:"Asegurar una educación para todos los alumnos que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la interpelación de la realidad, su comprensión y la construcción de herramientas para incidir y transformarla." (Ley Provincial de Educación, Cap. 2, Art. 16).

Por otro lado, el marco general de la Escuela Secundaria presentado en el año 2007, aún vigente, expresa que “…los nuevos diseños curriculares elaborados a partir de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 (…) se asumen como comunes, prescriptivos, paradigmáticos y relacionales.”  Y especifica:

“…son paradigmáticos porque centralizan una serie de conceptos que, al articularse, entretejen nuevos sentidos, enmarcando, direccionando y fundamentando la totalidad de la propuesta político-educativa. Los conceptos que se desarrollan articuladamente en este marco general son: inclusión, interculturalidad, justicia, sujeto pedagógico, enseñanza, ciudadanía, trabajo, ambiente, saberes socialmente productivos. (Estos conceptos paradigmáticos son compartidos por todos los niveles educativos. Cada diseño curricular incorpora otros específicos del nivel.)”

Otro marco legal que nos respalda es el Plan Educativo Jurisdiccional del año 2013, que marca como unos de sus principios "El enfoque de derechos" y "Memoria e identidad" para proyectar y ejercer nuestras prácticas en el aula.

Esto quiere decir que cada docente de cualquier espacio curricular debe trabajar ejes tales como “justicia” o “ciudadanía”, de manera inherente DERECHOS HUMANOS, y por qué no entonces, protesta social, democracia y rol de las fuerzas armadas, entre otros temas. 

No solo los paradigmas nos avalan, también la característica relacional de los diseños que explicita el carácter social de la educación, adoptando “una concepción relacional del sujeto pedagógico”, entendiendo que se educa y se aprende a partir de la interacción en el diálogo y la práctica cotidiana de los sujetos sociales (históricos e interculturales).

Desde nuestras clases, nuestros vínculos con las/os estudiantes y el marco legal que nos rige, debemos hablar de política (no partidaria) para entender la realidad en que vivimos, invitar a la reflexión y el debate, promover el pensamiento crítico, fomentar la participación democrática y formar sujetos pensantes. ¿Será esto, acaso, lo que tanto se teme?

Lista Marrón – SUTEBA Florencio Varela.

BASTA DE PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA A LXS DOCENTES.

FUERA LA POLICÍA DE LAS ESCUELAS. BASTA DE PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA A LOS DOCENTES.

APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO.

En el día de hoy dos policías se presentaron en la Escuela Técnica N° 4 de Florencio Varela con el fin de amedrentar al docente Federico Mendoza.

Compañerxs, estudiantes y vecinxs en la Comisaría 3°

Federico es profesor de Política y Ciudadanía, delegado del Suteba, Militante de Tribuna Docente y de la Lista Multicolor, y miembro del Partido Obrero.  Como miles de docentes de todo el país el compañero abordó con sus alumnos el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Frente a esto, una supuesta denuncia realizada por la madre de un estudiante desembocó en la irrupción policial dentro de la escuela para interrogar y exigirle explicaciones al docente sobre los contenidos expuestos en la clase. Este no es el primer caso de apriete en una escuela de la provincia de Bs. As ni tampoco en el distrito, aunque la novedad en esta ocasión radica  en la intervención directa de una fuerza represiva.

La policía no se identificó y actuó sobre el compañero de forma intimidante y negando cualquier tipo de responsabilidad del Estado –y mucho menos de Gendarmería Nacional- en la desaparición de Maldonado. Los efectivos señalaron que es incorrecto hablar de una “desaparición forzada” desentendiéndose de la caratula de la causa en curso, y se despidieron sentenciado que el compañero Mendoza “no debe hablar más de política”.

La solidaridad no se hizo esperar y numerosos docentes, militantes sociales, jóvenes y vecinos se acercaron a la puerta del Colegio Homero Manzi  a la espera de la salida de Federico a las 17 horas y con ello evitar un nuevo apriete policial. Federico hizo circular por las redes sociales la situación sufrida y numerosos compañeros organizaron la convocatoria. Se realizó una asamblea y en ella se resolvió formular la denuncia correspondiente y exigir explicaciones a las autoridades de la Comisaria 3° a cuya jurisdicción corresponde la Técnica 4. Movilizados  a la comisaria se obtuvo datos fundamentales: los dos policías actuantes eran Carlos Cristian (subteniente a cargo del móvil) y Florencia Mendieta, ambos miembros del Comando de Patrullas a cargo del Comisario Villalba. Está planteado realizar una denuncia en la Fiscalía correspondiente – la  11 de Quilmes a cargo de Ruggeri- para ir a fondo contra este atropello.

Denunciamos que no es función de la policía  ni de ninguna fuerza de seguridad,  ingresar a una escuela e interrogar a docentes o estudiantes. Esta violenta y repudiable acción es el resultado de una campaña orquestada por el gobierno - con apoyo y difusión de los medios de comunicación- que se encuentra acorralado frente a su evidente responsabilidad frente a la desaparición de Santiago Maldonado. Las nuevas pruebas aparecidas  en la causa, así lo confirman.

Hacemos responsable al gobierno nacional de Mauricio Macri, al gobierno provincial de María Eugenia Vidal (responsable de la policía bonaerense) y a las autoridades del Ministerio de Educación, quienes en ningún momento han salido a respaldar la acción pedagógica y esclarecedora de la docencia. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este formidable atropello y la retirada inmediata de cualquier tipo de apriete e intromisión de la policía en las tareas educativas.

Llamamos a toda la población a apoyar al docente Federico Mendoza y a todos los docentes perseguidos o amenazados, lo mismo que a reforzar la defensa de las libertades democráticas frente a los atropellos represivos del gobierno. Es fundamental que SUTEBA y el resto de los sindicatos docentes convoque a asambleas y reuniones de delegados para organizar a la docencia contra todo tipo de apriete y persecución.

Convocamos a todos a concentrarnos en la puerta de la Técnica 4 el próximo viernes 15 de septiembre a partir de las 12.30 para acompañar a Federico Mendoza en su regreso a la escuela.

TRIBUNA DOCENTE, LISTA MARRÓN, DOCENTES EN MARCHA, CORRIENTE NACIONAL 9 DE ABRIL (LISTA BORDO) del SUTEBA.

COMISIÓN POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA DE FLORENCIO VARELA- COMISIÓN DE MUJERES DE FLORENCIO VARELA- SITRAIC-PARTIDO OBRERO-PTS- PODER POPULAR Corriente de izquierda - HAGAMOS LO IMPOSIBLE-NUEVO MAS-GOI-GEN.