A
fines de octubre
del 2015 la flamante gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires dijo
por televisión que lo primero que iba a hacer en su gestión era sentarse a
dialogar con les docentes para mejorar
la calidad educativa y saldar una deuda evidente que el gobierno anterior no
había podido cubrir. Allá por esos tiempos de un dólar a aproximadamente $ 13,
Vidal declaró abiertamente que una docente debía ganar por lo menos $ 40000,
llenando de ilusiones a sus votantes. Sin embargo la realidad demostró la gran
mentira de esta nueva gestión que empezaba a transitar.
A
comienzos del 2016 parecía que la evaluación del desempeño docente se había
convertido en uno de los principales temas de la agenda del nuevo gobierno nacional
y de la provincia de Buenos Aires a pesar de los reclamos, más que categóricos,
de parte de las bases acerca de la indiscutible precaria situación salarial y
la evidente deficiencia en infraestructura en las que nos había sumergido a
todes les trabajadores docentes la gestión anterior, problemáticas que debían
solucionarse con urgencia, ya que sí tienen relación directa con la calidad
educativa que tanto preocupaba a María Eugenia Vidal y a sus ministros. La costosa
evaluación se impuso por la fuerza sin el consenso con les trabajadores y hasta
el día de hoy no hay ningún registro certero de su impacto directo en la mejora
de los aprendizajes.
Ya
en el año 2017, el inicio del ciclo lectivo no se pudo negociar de manera tan
laxa con las conducciones sindicales como se había concretado en el año
anterior debido a la presión de la base docente que ya había probado un bocado
amargo de las verdaderas intenciones de la gestión macrista. El llamado a
voluntaries no docentes por parte del gobierno provincial y la denostación de
nuestro trabajo por cadena nacional no hicieron más que confirmar el
vaciamiento del sistema educativo que planificaban junto a sus ministros el
presidente y la gobernadora de la provincia de la mano de lo que denominaron
“Plan Maestro”. La
represión del domingo 9 de abril de 2017 a docentes que deseaban instalar una
Escuela Itinerante en el predio de una plaza, implicaba que la reforma
educativa del gobierno neoliberal, con su plan maestro, se pretendía hacer a la
fuerza, “sobre los docentes y no con los
docentes” (Brenner, 2017).
Arrancamos
el año 2018 con el cierre de jardines y escuelas rurales, y de los
bachilleratos de adultos, que se hiciera con el respaldo del Consejo General de
Cultura y Educación, del cual dos miembros son del SUTEBA, aprobando la iniciativa en sesión de fecha 28
de noviembre de 2017 por unanimidad. También se nos vino encima otro ataque con
el nuevo sistema de licencias online y en junio de ese mismo año, la resolución
1736, flexibilizaba el trabajo de los EOE. Ahí no más tuvimos el proyecto
presentado por la gobernadora para recortar más de 800 horas a las escuelas
técnicas con la pérdida de trabajo que esto acarreaba. Y en julio de ese mismo
año la provinciapresentaba el proyecto para colegiar y precarizar el trabajo de
los y las docentes de educación física, todo eso atravesado por el proyecto
latente de reforma previsional provincial. Mientras tanto, en la negociación
paritaria, la gobernadora, ante la pasividad de la conducción celeste del
SUTEBA, se dio el lujo de hacer lo que quería,
inclusive de imponer una conciliación obligatoria, lo que convertía al año 2018
en el año de ataque más salvaje del neoliberalismo macrista a la educación.
Pero siempre se puede caer más abajo: el abandono sistemático de los edificios
escolares, denunciado una y otra vez por toda la comunidad educativa tocó fondo
el 2 de agosto de 2018 con el asesinato laboral de Sandra y Rubén en el
distrito de Moreno, sin grandes costos políticos para
la gobernadora debido a la mansa reacción de los sindicatos.
Ya en el año
2019 la tercerización y precarización laboral está a toda marcha desde los
primeros días. El 1 de
febrero el Gobierno de la Provincia despidió por mail a 36 integrantes de la
Equipos Técnicos Centrales de Formación Continua. La medida fue directamente
contra el derecho de les docentes a la capacitación en servicio y paga por el
estado consagrada en el estatuto del docente, y a renglón seguido desde el propio
estado provincial se habilitó a ONGs a ofrecer a los docentes cursos pagos. Una
de esas ONGs está vinculada directamente con la responsable del Programa
EscuelAgro, Victoria Zorraquín, quien era a la fecha la flamante directora de
la Dirección de Formación Continua. Como todos saben el propio director general
de cultura y educación Sánchez Zinny
fundador del grupo Sophía, es Ceo de Edunexo, empresa de productos y servicios
educativos. Lo mismo sucede con la contratación de consultoras internacionales
para realizar evaluaciones estandarizadas a les estudiantes.
Claramente, el desfinanciamiento de la educación
pública y la interesada campaña de desprestigio contra les docentes han marcado
al gobierno de Macri-Vidal en materia
educativa como la gestión más violenta, muestra del neoliberalismo salvaje que
no se detiene hasta llegar a la muerte de les trabajadores: una gestión que no
dialoga, mata. Sin
políticas sindicales que coordinaran, en
cada escuela y sector en forma integral, una lucha a la altura del ataque que sufrimos, las que hablaron finalmente fueron
las urnas, esas en las que no entran los sueños ni las broncas, fueron solo la
mínima expresión de lo que se dice hace 4 años en cada escuela y que el
gobierno de los CEOs no quería escuchar: ¡BASTA!
La encrucijada de les docentes es poder enfrentar
los golpes que cada gobierno de turno descarga contra la educación pública. Les
trabajadores de la educación movilizados, en las calles y en las aulas, junto a
la comunidad, decidiendo en asamblea, tenemos la llave para recuperar la
escuela que nuestro pueblo necesita.
