Una
vez más la educación pública está siendo atacada de manera violenta e ilegal,
en este caso en su aspecto más sensible:
la salud de toda la comunidad educativa. Como si no fuera poco el cierre de
cursos y el cierre de los Bachilleratos de adultos con el consecuente
hacinamiento en las aulas, la precarización laboral con el proyecto de las
llamadas “Aulas de aceleración” y la delirante pretensión de imponer un aumento
de sólo el 15 % acompañado de un premio a la buena salud llamado “presentismo”,
el gobierno de Vidal ha obligado a los docentes y auxiliares de la provincia de
Buenos Aires a descargar una aplicación en los teléfonos celulares para
solicitar “de manera ágil y sin validación presencial” las licencias médicas.
Muchos
de nosotros confiamos en estas últimas palabras y, a pesar de lo invasivo que
puede sonar el forzar a un empleado a bajar una aplicación al celular, pensamos que realmente implicaba una mejora
frente a la pésima experiencia que veníamos padeciendo en los últimos años con
el servicio totalmente deficiente de la prestataria Dienst Consulting SA,
contratada por primera vez por la gestión anterior sin ningún tipo de
licitación y vuelta a contratar de la misma manera durante el 2016 y el 2017
por la gestión de Vidal.
Sin
embargo, la aplicación de la gobernadora, más allá de mejorar el sistema y
evitar que el trabajador se tenga que movilizar a la sede de reconocimientos
médicos del distrito y esperar a veces largas horas, con su familiar enfermo
incluido, cuando el médico le habría indicado reposo, viene a complicar la
situación aun más: ingenuos los que pensamos que un gobierno que sólo vino a
ajustar implemente una política que mejore la calidad de vida de lxs
trabajadorxs de la educación y por ende favorezca la educación pública.
El
primer problema que se presentó es que muchos de lxs docentes y auxiliares no
contamos con un teléfono celular moderno en el que se pueda bajar dicha
aplicación y el sistema no permite que ni siquiera lo bajemos a una computadora,
lo cual deja en claro la precariedad en la que nos encontramos y despierta
infinitas suspicacias: ¿quiere el gobierno provincial monitorear nuestros
movimientos mediante el sistema de geolocalización del celular para controlar
si realmente guardamos reposo mientras todos vemos por televisión al presidente
en el cumpleaños de la diva Mirtha Legrand cuando está de licencia médica por
una lesión que sufrió jugando al paddle?
El
segundo problema es que aquellos que tuvieron la posibilidad de descargar la
app y hacerse su usuario, se encuentran con que sí o sí deben concurrir a un
médico particular y no al hospital, ya que la aplicación sólo acepta
certificados médicos con días estipulados de reposo y diagnóstico específico,
algo que en una guardia hospitalaria no se emite, lo cual contradice todo
principio básico de legitimidad que se le otorga al sistema público de salud y
atenta contra nuestro bolsillo, que debe afrontar un gasto que en muchos casos
el IOMA ya no cubre.
Pero
supongamos que el primer y segundo obstáculo fueron sorteados: tenemos un
teléfono celular moderno en el que pudimos instalar la app y pudimos pagar la
consulta a un médico que ya no atiende por IOMA debido a la deuda que la obra
social de la provincia aún no le ha saldado. El tercer obstáculo es que nuestro
certificado correctamente confeccionado
muchas veces no es tomado por la aplicación o es ingresado pero la aplicación
lo rechaza, a veces luego de varios días, no autorizando de ese modo la toma de
un suplente durante la espera. En esos casos la misma aplicación nos manda a
uno de los centros de reconocimiento médico que puede quedar a varios
kilómetros de donde vivimos, en el caso del gran Buenos Aires tenemos sólo 3:
uno en Lomas de Zamora, otro en Tigre y otro en Berazategui. Por ejemplo, un
compañero con una fractura en la pierna que necesitó una intervención
quirúrgica con clavos tuvo que presentarse en Berazategui indefectiblemente
mientras debía guardar reposo absoluto, y, lo que es peor, le aprobaron
solamente 30 días de licencia de los 60 que mandó su médico, desautorizando la
palabra del especialista. Casualmente una compañera con el mismo tipo de
fractura e intervención padeció exactamente la misma experiencia, por lo que
sospechamos que este sistema perverso está preparado con un mismo guion
prefijado que responde de la misma manera a las mismas afecciones, sin contar
con los numerosos casos que son directamente rechazados después de varios días
en los que las compañeras deben quedarse haciendo el reposo indicado o cuidando
de sus hijxs, para enterarse luego que estos días de ausencia al trabajo van a
descuento como falta injustificada sin saber el porqué.
¿Y qué hay del derecho a la privacidad? En el
estado de Virginia, Estados Unidos, el gobierno tuvo que suspender la
implementación de una aplicación similar a ésta, ya que los docentes la
consideraron totalmente invasiva. Los docentes, organizados desde las bases con
los sindicatos, hicieron 9 días continuos de paro para rechazar tal ataque a
sus derechos y el estado no pudo obligarlos a habilitar una aplicación denominada
Go365, que monitoreaba su salud y tenía acceso a información sensible, mientras
que en nuestra provincia la conducción del SUTEBA se limita a festejar de
manera sumisa e hipócrita que el teléfono de consultas acerca de las
deficiencias de la aplicación de Vidal ha cambiado de un 0810 a un 0800 y nos
deja sólo con la posibilidad de presentar una denuncia individual (https://www.dropbox.com/s/kq4ew5ke7z6wl50/DENUNCIA%20OTORGAMIENTO%20LICENCIA%20M%C3%89DICA.doc?dl=0)
ante estas violaciones a nuestros derechos estatutarios.
La
verdad detrás de este nuevo sistema de licencias no es claramente mejorar la
educación pública y mucho menos la calidad de vida de lxs trabajadorxs, sino
disciplinarnos una vez más, afectando de forma indirecta y directa la calidad
educativa. La afecta de forma indirecta porque trabajadorxs que tienen que
auto-explotarse, trabajando excesiva cantidad de horas en espacios insalubres
para poder ganar un sueldo digno y encima no tienen acceso al cuidado de su
salud no pueden brindar el 100 % de su potencial a pesar de que lo intentamos
cada día. Por otro lado, la afecta de manera directa porque al negar en muchos
casos la licencia después de haber guardado el reposo indicado, en algunas
situaciones han notificado después de una semana, la escuela no puede tomar
suplente, ya que hasta que la licencia no sea efectivamente aprobada no se está
en condiciones de garantizar el pago de éstos, dejando de ese modo a muchos
estudiantes sin las horas de clases correspondientes.
Obviamente
esta es la respuesta obediente del gobierno al mandato del Banco Mundial que
pretende instalar la disciplina y el recorte de gastos más salvaje que se haya
hecho en la historia de la educación argentina. Mientras tanto el control
territorial de las licencias lo harán por dos años en dos de las 4 zonas en que
se dividió a la provincia de Buenos Aires, otra vez Dienst Consulting SA (la
empresa prestataria anterior con múltiples denuncias por irregularidades) y en
las otras dos Healthy SA, empresa cuyo dueño es Sergio Oppel, un empresario cercano a José Luis Lingeri, histórico
burócrata del sindicato de Obras Sanitarias y hombre fuerte de la empresa de
agua estatal AySA. La gestión de la app y la web las manejará en toda la provincia la
empresa International Health Services Argentina (IHSA), empresa cuyo principal
accionista es Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, el cual no es la
primera vez que resulta favorecido por la contratación irregular de sus
servicios, ya que en 2016 el gobierno de María Eugenia Vidal intentó cerrar el
negocio del servicio de ambulancias con
Emergencia SA, perteneciente al mismo grupo empresario.
Es
por eso que miles de interrogantes empiezan a surgir acerca de la transparencia
de un gobierno que se ha autoproclamado moralmente superior al pasado. Pero lo
que más nos preguntamos es lo siguiente: cuando una trabajadora que debe
guardar reposo absoluto es obligada por el gobierno de la provincia a
trasladarse varios kilómetros ¿no se está violando un derecho? ¿qué pasaría si
una de estas trabajadoras tiene un accidente en el traslado o el traslado mismo
provoca una recaída en su afección? ¿se hará cargo el gobierno de la provincia
de las consecuencias de esos traslados, angustias, gastos y descuentos
injustificados que lxs docentes y auxiliares nos vemos obligados a afrontar
mientras estamos padeciendo una enfermedad que en la mayoría de los casos nos
contagiamos en los mismos establecimientos escolares en donde el hacinamiento,
la falta de agua y calefacción son moneda corriente?
El
70 % de lxs trabajadorxs de la educación somos mujeres, y principalmente
mujeres de entre 25 y 50 años, justamente la franja de edad en que la mujer
queda embarazada y cría a sus hijos, el momento más vulnerable de las mujeres
trabajadoras que en su mayoría son cabeza de hogar, y este gobierno, lejos de
proteger a sus niños y mujeres, viene a cercenar sus derechos, atacando en
forma directa el más básico de los derechos humanos, el derecho a la salud.
